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Mujeres taxistas se quejan ante CEDH: LEVANTAN LA VOZ

En reparto de concesiones no las toman en cuenta

 

Raúl Hernández

 

Un grupo de mujeres operadoras de taxis de la Capital del Estado se dieron cita la mañana de este viernes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja por lo que consideraron un trato inequitativo en la entrega de concesiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Denunciaron las quejosas que sólo 10 de las 840 solicitantes resultaron beneficiadas con este documento, manifestando que les resulta inadmisible se les exija comprobar 14 años de antigüedad en el servicio cuando la situación económica, social y cultural de las mujeres no es la misma que hace años, donde contaban con menos oportunidades de desarrollo laboral.

Fueron atendidas personalmente por el presidente de la Comisión, Lic. Jorge Alberto López Espinoza, quien se comprometió a dar seguimiento al caso desde la perspectiva de la equidad de género, solicitando a las autoridades encargadas los informes correspondientes y comprometiéndose a informar en un lapso de 30 días sobre los avances de la investigación.

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Alerta de género fue para seis municipios: MÁS VIOLENCIA

Ejecutivo coadyuvante en garantía de derechos

 

Patricia Calvillo

 

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue establecida para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, según destaca la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación.

Se notificó oficialmente dicha declaratoria al titular del Poder Ejecutivo local, con la finalidad de coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas de la entidad.

El gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras López, expresó a la Secretaría de Gobernación su total compromiso para fortalecer los derechos humanos de las niñas y mujeres en la entidad y para prevenir, atender y sancionar la violencia contra ellas.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar a las mujeres y niñas del territorio estatal el derecho a vivir una vida libre de violencia. A partir de esta declaratoria se deberá de diseñar un programa de trabajo que permita implementar distintas medidas de seguridad, prevención y justicia.

Entre las medidas destacan: la capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención para estudiantes, profesoras y profesores y la sociedad general.