A pesar de que la legislación prohíbe el ingreso de menores de edad al corte de caña, en municipios de la Huasteca potosina como Ciudad Valles y Aquismón, se ha detectado la participación de adolescentes en esta actividad agrícola. En muchos casos, su incorporación al trabajo es justificada mediante la firma de cartas responsivas por parte de los padres y los propios menores, lo que evidencia una preocupante permisividad frente a esta problemática.
De acuerdo con líderes de organizaciones cañeras, los cabos, encargados de coordinar el trabajo en los campos, permiten que jóvenes se integren a las labores, a pesar de los riesgos asociados, como el uso de machetes afilados que pueden provocar accidentes graves, para los cuales el seguro médico no ofrece cobertura en menores de edad. "Esto se ha tratado de controlar desde hace aproximadamente cuatro años, especialmente en la zona de Valles, donde se supervisa para evitar que esta situación ocurra 'por debajo de la mesa'," aseguró un representante de las asociaciones cañeras.
Sin embargo, existen testimonios que señalan que algunos padres, quienes también trabajan como cortadores de caña, obligan a sus hijos a sumarse a estas actividades cuando abandonan la escuela o incluso si se casan a temprana edad. Este fenómeno es particularmente evidente en comunidades como Tempate y Tampa Moche, donde se cultiva caña que se entrega a los ingenios Alianza Popular y Plan de Ayala.
Las jornadas laborales suelen extenderse entre 4 y 5 horas, dependiendo de la cantidad de hectáreas asignadas. En promedio, una parcela de 4 hectáreas puede ser atendida por hasta 70 cortadores, supervisados por cabos contratados para gestionar la cosecha.
Frente a este panorama, la organización internacional Verita ha identificado casos de explotación laboral infantil en la región y, en colaboración con la directora del programa local, María Canchola, se implementará el proyecto Liderazgo, Organización, Colaboración y Acción Colectiva en Ciudad Valles y Aquismón. Este programa tiene como objetivo prevenir, identificar y mitigar riesgos relacionados con el trabajo infantil y forzoso, así como promover la capacitación de las comunidades en la lucha contra estas prácticas.