Es plausible que el Gobierno Federal tomara la decisión de asignar presupuesto a comunidades indígenas para su administración directa, que proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33 de combate a la pobreza.
Así lo destacó la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, que precisó que esto será un aliciente para que todas las comunidades tengan la posibilidad de realizar las obras que en asamblea aprueben, y así evitar que autoridades municipales y estatales medren con sus recursos.
Destacó que este es un derecho constitucional, de ahí las demandas que desde hace 9 años han presentado comunidades tének y náhuatl, incluso en los procesos de consulta, para integrar los planes de desarrollo estatal y municipales, motivo por el cual se vieron en la necesidad de interponer amparos ante la justicia federal.
Refirió que el convenio firmado este día 16 de enero, entre el Gobierno Federal, Estatales y los 1,475 Presidentes Municipales del país, es un buen inicio.
Ponderó que, a partir de que se apruebe y entre en operación la Ley Secundaria del Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los montos de recursos para pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanos será seguramente mayor, pues estos tomaran en consideración no sólo las obras de infraestructura social, sino también las necesidades de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, legales y de planeación del desarrollo, en cuarto nivel de Gobierno.