Con una asistencia de 263 representantes de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo el Foro Territorios Libres de Proyectos Destructivos de los Bienes Comunes, en el que se habló de las empresas contaminantes que han generado daños a la salud y al medio ambiente, además de advertir de las posibles prácticas de fracking en la Huasteca Potosina, dado que la iniciativa para prohibir la práctica fue desechada de la agenda legislativa federal.
El pasado 16 de febrero, en el municipio de Xilitla tuvo lugar el foro regional convocado por la Contraloría Autónoma de Agua de San Luis Potosí, con el fin de identificar las estrategias para detener la degradación de las aguas, suelos, aire y bosques, así como fortalecer los procesos de autogobierno indígena como eje social de la protección del territorio, a través de la reforma del artículo 2 constitucional.
Entre los ponentes, el doctor Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e integrante fundador de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER), explicó que desde hace más de tres décadas Estados Unidos ha usado a México como patio trasero para trasladar muchas de sus industrias contaminantes.
Se refirió a la situación que prevalece en la Huasteca Potosina, como la operación de los ingenios azucareros, Citrofrut, Cemex y las empresas ganaderas y energéticas, las cuales contaminan los principales ríos de la región y que confluyen en el río Pánuco.
En el foro también se abordó el tema de la posibilidad de que se implemente el fracking en el área desde Reynosa, Tamaulipas, pasando por la región biocultural de las huastecas, Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca, y Barreda Marín advirtió que es una llamada de alerta el que en la agenda legislativa se haya desechado la iniciativa de reforma constitucional para su prohibición.