Gerardo Sánchez Zumaya, empresario de 34 años y propietario de Petrogesa, enfrenta una denuncia penal por presuntamente liderar una red de lavado de dinero y defraudación fiscal, de acuerdo a lo revelado por el Diario Reforma. Entre 2021 y 2024, la empresa obtuvo contratos de Pemex por más de 520 millones de pesos, lo que ha despertado sospechas sobre el uso de recursos públicos.
La acusación, presentada ante la Fiscalía de Tabasco el pasado 5 de noviembre, señala que Sánchez Zumaya habría utilizado empresas fantasmas y prestanombres para facturar más de 15 mil millones de pesos mediante transacciones irregulares. Según la denuncia, este esquema involucraría un saqueo sistemático de recursos, con contratos adjudicados directamente para la provisión de químicos utilizados en el procesamiento de combustibles.
Grupo Reforma tuvo acceso a la denuncia, que incluye miles de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), declaraciones fiscales y actas constitutivas que exponen las operaciones de Petrogesa y al menos 17 empresas relacionadas. Entre estas destacan tres registradas en Estados Unidos, que según la acusación forman parte del entramado para desviar recursos de manera ilícita.
El modus operandi descrito en los documentos apunta a una red de familiares y amigos de Sánchez Zumaya, muchos de ellos jóvenes sin experiencia empresarial, que fungieron como prestanombres para la creación de empresas fachada. Estas entidades facturaron sumas millonarias sin justificar adquisiciones de materia prima o gastos relacionados con las actividades comerciales declaradas.
Por ejemplo, José Manuel Ramón Hernández, de 23 años, habría emitido facturas por más de 1,866 millones de pesos entre 2023 y 2024 sin reportar un solo gasto operativo. Otro caso es el de José Rafael Castillo Florencia, de 25 años, quien facturó 1,224 millones de pesos por productos químicos en el mismo período, pero únicamente registró gastos por 46 mil pesos, lo que resulta incompatible con el volumen de las operaciones. Alberto David Ornelas Herbert, otro joven implicado, emitió facturas por 880 millones de pesos, mientras que sus gastos documentados se limitan a conceptos personales, como la compra de un colchón y combustible.
La denuncia detalla que las facturas emitidas en nombre de estas empresas fueron dirigidas a compañías del mismo conglomerado, como Industrias Gesa del Sureste, Ban Gesa, Petrogesa, Safnat y Químicos Industriales Sazu. Este patrón de transacciones internas refuerza las sospechas sobre la existencia de un esquema de simulación de operaciones para lavar dinero.
Además, un análisis de los contratos adjudicados a Petrogesa revela que estos fueron otorgados por asignación directa, sin licitaciones públicas, para servicios de mantenimiento en la flota naval de Ciudad Madero, así como obras y reparaciones en refinerías como Dos Bocas, Minatitlán, Cadereyta y Salina Cruz.
La acusación también señala un posible robo hormiga de materias primas, que posteriormente eran revendidas a Pemex o al mercado negro, exacerbando las pérdidas económicas para la paraestatal.
El pasado 16 de octubre, Gerardo Sánchez Zumaya solicitó amparos ante el Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí, en un intento por evitar una posible aprehensión. Sin embargo, las autoridades han intensificado la investigación para desmantelar la red que, según la denuncia, no sólo afecta a Pemex, sino que también genera competencia desleal para otras empresas del sector.
La investigación también involucra a varios socios y familiares de Sánchez Zumaya, entre ellos José Rafael Castillo Florencia, Christopher Castillo Florencia, Luis José Rivera Lara, y otros prestanombres identificados en la denuncia. Estos jóvenes, registrados ante el fisco como personas físicas, emitieron facturas millonarias sin registrar gastos operativos, reforzando las inconsistencias en sus declaraciones fiscales.
Los montos facturados y las irregularidades detectadas en la documentación podrían configurar uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia reciente de Pemex. En este contexto, se cuestiona la opacidad en la asignación de contratos y la falta de controles internos en la paraestatal para evitar este tipo de prácticas.
Latinus y Carlos Loret revelaron semanas atrás que Petrogesa acumuló contratos por más de 520 millones de pesos entre 2021 y 2024, lo que subraya la magnitud del caso. La denuncia presentada busca frenar estas prácticas y garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.