Padres de familia del Centro de Atención Infantil (CAI), No. 1, Guadalupe Rodea de Jonguitud, aseguraron que en esa institución educativa se ha cometido el delito de abuso sexual de menores, al menos nueve casos están identificados y reclaman que las autoridades judiciales han sido indolentes y protegen al asistente educativo que cometió estos atroces actos.
En la página de Facebook de Defensa del menor AC aparecen una serie de señalamientos en contra del supuesto agresor de nombre Arturo N., del que relatan han denunciado ante diversas instancias y sólo la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), ha tomado cartas en el asunto, no así la Fiscalía General del Estado, (FGE).
Al igual, los padres de familia comentan haber denunciado el abuso de menores ante la FGE, por el presunto abuso sexual que se cometió por parte del asistente educativo en contra de menores de la sala de Preescolar 2 del CAI No. 1, que se ubica en la calle de Juan A. Mateos 150 de la colonia ISSSTE.
Los padres no quieren dar abiertamente sus datos para no re victimizar a sus hijos, pero insisten en que tienen pruebas de sus señalamientos, ya que en el primer trimestre del año, comenzaron a ver un comportamiento extraño y conductas psicosexuales en sus hijos, todas estas formas de ser, no son aptas para la edad de los menores, por lo que comenzaron a cuestionarlos y de ahí surgieron estos señalamientos de abuso sexual.
De acuerdo con los datos que los propios padres de familia descubrieron es que hallaron que presuntamente un asistente social, habría estado abusando sexualmente de sus hijos. Al percatarse de todo esto, reportaron los hechos a la maestra titular Estefanía N., a quien se le expuso que el asistente educativo Arturo N., podría estar abusando de los menores, pero ella dijo no haberse dado cuenta de nada y sólo hizo de conocimiento a la dirección del CAI.
Encontraron que al presunto señalado solo le dieron un permiso por seis meses sin goce de sueldo desde el pasado 1 de julio y temían que a su regreso continuara esta difícil situación, más aún porque el plantel no ha tomado con seriedad las denuncias hechas, al igual la parte sindical.
De lo anterior, enteraron al Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, quien al parecer canceló el permiso otorgado a Arturo N. y lo cesó, hizo lo mismo con la directora y maestra involucradas, a quienes suspendió de forma temporal, esto hasta que se desarrollen correctamente todas y cada una de las investigaciones.
Ante la grave situación y de la omisión que se tuvo desde un inicio con los menores, las familias afectadas exigen que trabajen con rapidez en la Fiscalía General del Estado, ya que el presunto responsable se encuentra en libertad y ya hasta se le concedió un amparo, el cual aseguran obtuvo debido a que tuvo acceso a información privilegiada sobre el caso, pues le pasaron las carpetas del caso en la propia institución educativa.