Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111 mil 500 personas, se suma el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada.
La organización independiente sin fines de lucro Quinto Elemento Lab, reveló que ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por Covid-19. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.
Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia.
La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2 mil entierros ilegales.
Los datos para la investigación entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado el 99 por ciento. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.
En estos lugares se encuentra parte de la respuesta que buscan miles de familias que escarban la tierra en parajes inhóspitos –en muchas ocasiones arriesgando su vida– para hallar a sus seres queridos desaparecidos.
Para Yadira González Hernández, que busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006 en la comunidad Los Ángeles, en Querétaro, la impunidad ante la tragedia es absoluta. "Como sociedad nos hemos acostumbrado: ya las cifras no nos impactan", se lamenta la integrante de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.
Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han ido multiplicando a medida que se extendían por gran parte del país, hasta abarcar el 23 por ciento de los municipios a nivel nacional.
El incremento de los homicidios y desapariciones en México evidencia que la militarización de la seguridad pública emprendida por esta administración ha tenido resultados "desastrosos", según Amnistía Internacional. A su vez, los criminales –y algunas autoridades estatales y municipales coludidas con estos– recurren a formas cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, para así evitar su identificación.
Los datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, analizados por primera vez temporal y geográficamente, muestran municipios de menos de 250 mil habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz; Salvatierra en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.
La CNB, el organismo de la Secretaría de Gobernación encargado de buscar a las personas desaparecidas en el país, únicamente entregó información sobre las fosas clandestinas, sin incluir el número de cuerpos recuperados en cada una, pese a que este dato le fue proporcionado por las fiscalías estatales. Tampoco lo reporta en su mapa de hallazgos de entierros ilegales.
En san Luis Potosí, Quinto Elemento Lab, registró 127 fosas ilegales desde el 2007, algunas de ellas en la huasteca potosina como en Tamazunchale, Matlapa, Coxcatlán, Tamuín y El Naranjo.