La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró irregularidades en el manejo de 74 millones 816 mil pesos del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, fideicomiso que está a cargo del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), el cual depositó parte de ese dinero a difuntos.
Desde ese fideicomiso se entregó dinero a personas reportadas como fallecidas y se dio recursos a empresas que no acreditaron haber realizado los servicios por los que se les contrató.
Durante 2022, al menos 56 personas pensionadas y jubiladas reportadas como fallecidas recibieron depósitos que sumaron 764 mil 715 pesos por parte del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.
Este fideicomiso también es utilizado para brindar atención médica a personas pensionadas y jubiladas. En 2022, el INDEP entregó 3 millones 329 mil pesos a empresas que reportaron haber brindado estos servicios a 125 personas fallecidas y a otras 12 que tienen su CURP dado de baja en el Registro Nacional de Población (Renapo).
Las empresas que recibieron estos recursos fueron Asesoría Médica Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V.; Corporativo Médico Community Doctors S.A. de C.V.; Challenge Consulting S.A de C.V.; Insumos Médicos y Hospitalarios de México HLE S.A. de C.V.; Soluglob Ikon S.A. de C.V.; Health & Pharma Control S.A. de C.V.; Atlantis Operadora Servicios de Salud S.A. de C.V.; y 3ti S.A. de C.V.
La ASF reportó estas irregularidades en su auditoría de cumplimiento forense 2117, correspondiente a la tercera entrega del informe de Resultados de Fiscalización Superior Cuenta Pública 2022.
En su informe, la ASF recomendó al INDEP implementar mecanismos para detectar a los pensionados y jubilados fallecidos, con el objetivo de no transferirles más recursos públicos.
El organismo también pidió al Instituto establecer un procedimiento para recuperar el dinero que se entregó a las personas difuntas.
La ASF emitió recomendaciones parecidas para evitar pagar a empresas por servicios de salud para pensionados y jubilados que ya fallecieron.
Dentro del análisis hecho al Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, la irregularidad más grande que encontró la ASF tuvo que ver con que las empresas y el INDEP no presentaron documentos para acreditar que las compañías privadas sí realizaron los servicios por los que el Gobierno les pagó 52 millones 86 mil pesos.
De acuerdo con los contratos firmados por cinco empresas, estas tenían que presentar informes sobre las actividades que realizó cada uno de sus trabajadores en relación con la ejecución del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.
Sin embargo, ninguna empresa presentó los informes de las actividades que sus trabajadores llevaron a cabo, por lo que la ASF advirtió que esto pudo haber provocado un daño o perjuicio al erario.
Las empresas beneficiadas por el INDEP que no proporcionaron estos informes son Corporativo Ejecutivo MZT S.A. de C.V.; Aurus Nivel Total S. de R.L. de C.V.; Imago Centro de Inteligencia de Negocios S.A. de C.V.; Gurges Implementación de Negocios S.A. de C.V., y Asesoría Jurídica Adarve de México S. de R.L. de C.V.
El contrato con estas compañías también indicaba que los proveedores tenían que contar con un sistema informático denominado GRS para llevar un registro de las actividades de los trabajadores, pero la ASF detectó que este programa tampoco se ejecutó.
Por estas irregularidades, la ASF emitió una recomendación para que el INDEP establezca mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de las actividades del personal que labora para el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.