El diputado Leobardo Alcántara Martínez, impulsa una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca eliminar el período de expiración del saldo de recargas para el uso de servicios móviles de prepago.
El documento, enviado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen, plantea como derecho de los usuarios de servicios de telefonía que el saldo de las recargas para la obtención de servicios móviles de prepago no tenga fecha de expiración.
Mientras que para los usuarios de servicios móviles de pospago que no hayan utilizado su plan a la totalidad en el período de facturación en curso se les abonen los beneficios al siguiente. Alcántara Martínez expuso que con estas propuestas "se empodera a los usuarios y se acaba con los abusos de las empresas de telefonía, ya que, en el caso de los servicios de prepago, podrán usar su saldo cuando consideren conveniente y sin el condicionamiento de adquirir una nueva recarga para poder acceder al saldo no utilizado". En tanto, a los usuarios de telefonía móvil bajo el sistema de pospago se les garantiza que se les pueda abonar servicios que no pudieron utilizar durante determinado mes de facturación, pero que de todas formas tendrán que pagar.
El diputado explicó que en México cerca de 94 millones de personas son usuarias de teléfono celular. El 82.1 por ciento de los usuarios de telefonía móvil cuentan con un sistema de prepago, es decir, que el pago de los servicios de telecomunicaciones se realiza antes de utilizarlos a través de la compra de tarjetas o recargas.
Además, el 15.3 por ciento tiene un contrato de pospago, el cual se refiere al pago del servicio después de utilizarlo mediante la contratación de planes de renta mensual, y sólo el 0.4% usa ambos planes.
El legislador relató en su iniciativa que el gasto promedio mensual de los usuarios del servicio de prepago es de 150.3 pesos, mientras que para los que utilizan el servicio de pospago es de 425.6 pesos.
Por ello, reiteró, la propuesta de reforma busca erradicar prácticas abusivas de las grandes empresas y fortalecer los derechos de los consumidores de servicios de telefonía móvil.