En el marco de los operativos federales contra el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, autoridades de seguridad lograron el aseguramiento de 55 mil litros de combustible en San Luis Potosí, como parte de una acción coordinada entre dependencias federales para frenar el llamado "huachicol".
El decomiso se realizó sobre la carretera Tula–San Antonio, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas que viajaban a bordo de un tractocamión acoplado a un autotanque que transportaba el combustible sin acreditar su legal procedencia. Los detenidos, junto con la unidad y el hidrocarburo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el aseguramiento en territorio potosino forma parte de un despliegue nacional que permitió confiscar un total de 418 mil 339 litros de hidrocarburo robado, además de diversos tractocamiones, contenedores y tanques de almacenamiento ubicados en distintos estados del país.
En Nuevo León, se llevó a cabo un cateo en el municipio de El Carmen, donde fueron detenidas cinco personas y asegurados más de 263 mil litros entre diésel, hidrocarburo y ácido sulfúrico, así como maquinaria pesada y vehículos de transporte. Mientras tanto, en Tamaulipas, personal del Ejército Mexicano interceptó un tractocamión de doble remolque con 70 mil litros de gasolina sin acreditar su origen; y en Guanajuato, en el municipio de Villagrán, se localizaron 30 mil litros adicionales en un inmueble relacionado con el robo de combustible.
El aseguramiento en San Luis Potosí refuerza la estrategia federal que busca cerrar las rutas del huachicol en el centro-norte del país, una zona clave donde confluyen ductos y carreteras utilizadas por grupos dedicados al transporte y venta ilegal de combustibles.
Las autoridades federales informaron que los operativos continuarán de forma permanente y coordinada entre la SSPC, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de desmantelar las redes criminales dedicadas al robo, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos.