San Luis Potosí vivió ayer una jornada de protesta sin precedentes. Desde temprano, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) salieron a las calles, bloquearon avenidas y tomaron planteles en exigencia de justicia por la presunta violación sexual de una alumna de tercer semestre de la Facultad de Derecho, ocurrida el pasado 17 de octubre.
La indignación se extendió rápidamente entre la comunidad universitaria. En un mensaje difundido por la madrugada, la presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud, llamó a sumarse al paro estudiantil. Aunque no todas las facultades acataron el llamado, en Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades, y otras escuelas, los jóvenes cerraron accesos y suspendieron actividades para exigir acciones firmes contra los responsables.
En la Facultad de Derecho, cerca de 25 estudiantes permanecieron dentro del edificio y advirtieron que no se retirarán hasta que se destituya al director Germán Pedroza Gaitán, se expulse a los agresores y se garantice que no habrá represalias contra quienes protestan. También pidieron la remoción del representante de la FUP en esa facultad, Marco Dorantes, señalando que los hechos ocurrieron en su oficina.
Las movilizaciones se extendieron por gran parte de la ciudad. Avenida Carranza, Cuauhtémoc, Mariano Jiménez, Himno Nacional y otras calles fueron bloqueadas con cintas amarillas y pancartas donde se leían mensajes como "La universidad no me cuida, me cuidan mis amigas" y "No más agresores en las aulas". La protesta generó un caos vial, pero también visibilizó lo que las estudiantes califican como una violencia sistemática dentro de la institución.
Ante la presión social, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra anunció la expulsión definitiva de dos estudiantes involucrados, la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y la aceptación de la renuncia del director de Derecho. La FUP respaldó estas medidas, aunque su presidenta reconoció que aún falta mucho por hacer y aclaró que su organismo "no encubre a nadie".
En medio del movimiento, profesoras y trabajadoras de la Facultad de Psicología emitieron un pronunciamiento para exigir entornos libres de acoso y abuso de poder. Coincidieron en que lo ocurrido no debe verse como un hecho aislado, sino como el reflejo de una violencia estructural que por años ha sido ignorada o minimizada.
Mientras tanto, las y los estudiantes mantienen su postura: no habrá regreso a clases hasta que la universidad garantice justicia, protección y una vida libre de violencia para todas.