Desde hace varios años se ha denunciado la existencia de tortillerías que venden productos de baja calidad y que podrían representar un peligro para la población, además de que desestabilizan la situación del mercado debido a precios muy por debajo del promedio, lo cual termina llevando a la quiebra a aquellas tortillerías que sí están reguladas.
Este tipo de tortillerías han sido señaladas por el Consejo Nacional de la Tortilla como "tortillerías piratas", nombre dado a toda tortilla fabricada en establecimientos sin vigilancia del gobierno, y que incumplen con la normativa vigente sobre la producción de este tipo de productos del maíz.
Las "tortillerías piratas" toman ventaja de las tortillerías reguladas al incurrir en ilícitos como: no pagar impuestos, robar luz y/o comprar gas robado, entre algunos otros, lo que les permite reducir el costo de producción, acusa el organismo.
Además, las tortillerías tradicionales, las que fabrican tortillas a partir de maíz nixtamalizado se enfrentan a otro problema, el duopolio compuesto por Maseca y Minsa, quienes controlan la producción de harinas de maíz en el país, y como consecuencia, les permite tener un control sobre el precio de las tortillas.
Así, ante este panorama, la utilización de harinas en lugar de maíz nixtamalizado, el no pagar impuestos, ni respetar estándares de calidad de higiene y producción, así como el acceso a recursos como luz, agua y gas de procedencia ilícita o cuestionable, permiten a las "tortillerías piratas" tener un auge significativo en el país.
Según el Consejo Nacional de la Tortilla, más del 60% de las tortillerías del país son tortillerías piratas o informales, por lo que hacen un llamado a las autoridades a atender el problema, así como a los consumidores a prestar mayor atención a la calidad del producto que ingieren y que podría tener repercusiones negativas en su salud.