Con 14 semanas de embarazo, una mujer fue brutalmente golpeada por soldados en un cuartel militar de San Luis Potosí, quienes ignoraron sus gritos de auxilio: "¡Estoy esperando un bebé!", este hecho, ocurrido en 2011, fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación 183VG/2025 por violaciones graves a derechos humanos.
La mujer, identificada como QV-5, fue sometida por militares del 34 Batallón de Infantería la madrugada del 22 de febrero de ese año, cuando irrumpieron en su domicilio.
La golpearon en el estómago y en la cabeza mientras le exigían información sobre una persona relacionada con grupos delictivos, pese a sus súplicas, recibió golpes dirigidos al vientre, además de tocamientos en los pechos por parte de los soldados.
La víctima relató que fue trasladada por tierra y después en avión, junto con otro detenido y un menor de edad, hasta una instalación que describió como "una escuela".
Durante todo el trayecto continuaron las amenazas, golpes y agresiones sexuales. Incluso, le mostraron una fotografía de su hija pequeña para obligarla a declararse culpable de formar parte de una organización criminal, finalmente fue llevada ante la entonces SIEDO.
El expediente CNDH/2/2024/4801/Q está respaldado por dictámenes médicos y psicológicos, elaborados conforme al Protocolo de Estambul, que acreditaron lesiones físicas, violencia sexual y secuelas emocionales graves, incluida una hemorragia vaginal por amenaza de aborto.
El caso de QV-5 forma parte de una serie de torturas cometidas entre 2010 y 2013 en distintos estados, otros casos incluyen golpes con tubos en Chihuahua, asfixia en Tamaulipas y descargas eléctricas en Michoacán.
En todos, certificados médicos de Sedena reportaron falsamente "sin lesiones", mientras peritajes independientes confirmaron fracturas y estrés postraumático.
A pesar de que en 2019 la mujer fue absuelta judicialmente, hasta ahora ninguna autoridad ha respondido a la recomendación, que exige reparación integral del daño, atención médica y psicológica, así como sanciones penales a los responsables.
La víctima, según familiares, aún vive con miedo: evita salir de casa por temor a que "los soldados regresen".