Gracias al apoyo de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), que efectuaron una elección “amañada” para apoyar el asentamiento ilegal de las empresas cementeras y termoeléctricas, el pleito contra estas últimas, que lleva más de 20 años, podría perderse.
Consideró lo anterior Crescencio Acosta Reséndiz, quien ha sido uno de los actores principales en esta lucha y agregó que en el pasado proceso, hubo como sustento un padrón viciado y alterado por las mismas dependencias que fueron las encargadas de venderles a las empresas los terrenos propiedad del ejido en donde se encuentra involucrado el Gobierno Estatal, el Fideicomiso para el Fomento Ejidal (Fifonafe), la PA, el Registro Agrario Nacional y la Sedatu.
Añadió que es lamentable la exclusión por lo mismo de Ernesto Márquez Torres, quien es el apoderado general del ejido, pues les estaba dando seguimiento a todas las demandas a favor del derecho de los involucrados y en la última audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, en el expediente 356, acreditó y formuló la ampliación de denuncias, donde el Estado y dependencias federales están implicadas en actos de corrupción.
“Ellos son nuestros defensores agrarios y con todo el poder convocaron y alteraron un padrón para poder destituir a Márquez Torres y hoy, después de 20 años de lucha, quedará todo impune, no recuperaremos las tierras, ya que estamos seguros que se retirarán todos los expedientes”.