Gobiernos negociarán acciones beneficiarias

El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona viajará a la Ciudad de México, esta semana, en donde se entrevistará con distintas autoridades del Gobierno federal para continuar en la negociación que involucra el pago total de la nómina a docentes del Sistema de Telesecundarias en el Estado de San Luis Potosí, además de estar en posibilidades de gestionar recursos económicos para la inversión en obras y otras acciones benefactoras para las familias potosinas.

Lo anterior, lo dio a conocer el secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, quien dijo que el Mandatario Estatal está interesado en lograr que la federación asuma el pago de salarios y prestaciones a este grupo de maestros y maestras, tal y como ocurre en la mayoría de las Entidades federativas.

Añadió que esta posibilidad fue solicitada por el jefe del Ejecutivo desde el año pasado, debido a que San Luis Potosí es el único Estado que afronta el pago de la nómina de dicho sector educativo, añadiendo que este año se busca darle salida en tiempo y forma a la situación. “No queremos quedarle mal a la docencia de telesecundarias y necesitamos ir resolviendo esa problemática, no dejarla para fin de año y tener la misma circunstancia que ocurrió el año pasado cuando nos dejaron prácticamente las arcas vacías”, enunció Torres Sánchez.

Aseguró que actualmente se tiene asegurado el pago de las y los maestros de este sistema durante los próximos 10 meses, y de ahí la importancia de la gestión con autoridades federales para que después el Gobierno estatal no siga con la presión y carga que representa ese gasto. “Hay que avanzar en las negociaciones con el Gobierno federal para saber qué vamos a hacer con los últimos meses del año”, agregó, confiando en que la intervención del Gobernador Gallardo Cardona será fructífera y será resuelta favorablemente.

Por último, recordó que al ser el Sistema de Telesecundarias un organismo creado por el Gobierno federal, es necesario que se responsabilicen del pago de su salario y otras prestaciones laborales, lo cual liberaría al Gobierno estatal para dar uso a esos recursos económicos en otras obras y programas a la ciudadanía.