Torturaban a perros
Estaban desnutridos y había cadáveres en descomposición. Una mujer quedó detenida
En una vivienda ubicada en la calle Topografía de la colonia Valle de Jacarandas, en la Capital potosina, la Guardia Civil Estatal rescató a siete perros en condiciones de desnutrición y localizó otros tres sin vida. La intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana al 911, debido a los fétidos olores que emanaban del domicilio.
Al ingresar al inmueble con autorización, las autoridades encontraron a los animales hacinados, algunos convertidos en alimento de los demás. En el lugar fue detenida María "N", de 53 años, presunta responsable del maltrato, a quien se le leyeron sus derechos y se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Vecinos y activistas también irrumpieron en la vivienda para rescatar por su cuenta a otros 10 canes, muchos en estado esquelético. Algunos fueron puestos a salvo por el colectivo "Salvando Huellitas", mientras otros huyeron o quedaron bajo resguardo ciudadano.
Fátima Ramírez, activista y vocera del colectivo, advirtió que el mayor reto apenas comienza: "Lo que pasó fue terrible, pero lo que preocupa más es lo que viene después. ¿Quién se hará cargo de estos animales? ¿Qué hará la Fiscalía?", cuestionó. También señaló la falta de apoyo institucional, atención veterinaria y protocolos claros para atender estos casos.
Por su parte, el encargado de la Unidad de Combate al Maltrato Animal de la FGE, Alberto Daniel Torres Salinas, reiteró que el maltrato animal es un delito que se persigue de oficio, y los propietarios son legalmente responsables del bienestar de sus mascotas.
Aunque la Fiscalía confirmó la apertura de una carpeta de investigación, hasta ahora no se han informado avances.
Vecinos de la zona indicaron que la mujer mostraba comportamientos inusuales desde hace tiempo, por lo que pidieron a las autoridades valorar su estado mental antes de proceder legalmente.
Mientras tanto, los perros rescatados enfrentan un incierto futuro entre la esperanza de ser adoptados y la falta de recursos para su recuperación. Activistas exigen sanciones ejemplares y acciones concretas para evitar que casos como este se repitan.
