Violadores en la impunidad

Entre 2014 y 2018, casi 145 mil víctimas –principalmente mujeres– de presuntas violaciones y abusos sexuales en México, presentaron una denuncia formal en contra de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, apenas 5 de cada 100 de esos casos avanzaron lo suficiente para llegar a una sentencia.

Datos oficiales provenientes de cinco censos nacionales de procuración e impartición de justicia del INEGI, revisados por Animal Político, revelan que el 95 por ciento de las indagatorias iniciadas en todo el país a partir de dichas denuncias, no están resueltas. Es decir, los posibles ataques siguen impunes.

La mayoría de los casos ni siquiera han dado pie al arranque de un proceso penal: apenas la quinta parte de las denuncias son enviadas a los juzgados. El resto de los casos se quedó en las agencias del Ministerio Público como indagatorias que siguen en curso o que de plano fueron archivadas.

Entre esos casos sin resolución se encuentra, por ejemplo, el de la presunta violación denunciada en 2016 en contra del hoy precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. En esa entidad, de casi 2,500 denuncias formales por abusos y violaciones registradas en cinco años, sólo 146 llegaron a sentencia.

“Lo que vemos aquí no sólo es la habitual ineficacia de las agencias del Ministerio Público, sino además una cultura de la violación que es aceptada. Una violencia sexual en contra de mujeres y niñas que ha sido normalizada. No es que se reconozca abiertamente, pero se acepta y tolera”, señaló Karla Micheel Salas, abogada penalista experta en temas de derechos humanos y feminismo.

Los datos provenientes de las 32 fiscalías/procuradurías y tribunales de todo el país reunidos por INEGI, arrojan que entre 2014 y 2018, se denunciaron 144,586 delitos de posible violación y abuso sexual en todas sus modalidades. En promedio, se trata de 79 ataques cometidos y denunciados todos los días.

Dicha cifra, señala también el propio INEGI, es una fracción de las agresiones sexuales que realmente se cometen en el país. Las encuestas de victimización que anualmente publica el instituto muestran que más del 94 por ciento de las agresiones ni siquiera son denunciadas por las víctimas que las padecen.

Que la agresión cometida sí sea denunciada por la víctima ante un Ministerio Público y que se inicien las carpetas de investigación correspondientes tampoco garantiza resultados. De hecho, el promedio de casos que no llegan a una sentencia judicial es similar al de los que no se denuncian.

Los datos lo confirman: en el mismo lapso de 2014 a 2018, los poderes judiciales del país reportaron la emisión de 6,898 sentencias por delitos de violación y abuso sexual en todas sus modalidades. El registro no desglosa cuántas de esas sentencias serían condenatorias o absolutorias.

En comparación con los casos denunciados, la proporción de sentencias dictadas apenas equivale al 4.7 por ciento de todo ese universo. Es decir: sólo cinco de cada cien denuncias llegan a una sentencia. Dicho de otra forma: es una impunidad que rebasa el 95 por ciento.

Los censos de INEGI también revelan que sólo una minoría de las averiguaciones y carpetas iniciadas en este período llegaron ante un juez para la apertura del proceso penal correspondiente. En total, fueron 31,644 los procesados, que equivalen al 21.88 por ciento del universo total de delitos denunciados.

Lo anterior, significa que en promedio apenas en la quinta parte de las denuncias presentadas se reúne la evidencia inicial suficiente para hacer una imputación ante un juez y que éste inicie el proceso penal correspondiente. El resto de los casos permanecen abiertos sin resultados o son determinados por el propio MP con figuras como el no ejercicio de la acción penal o el enviarlos a un archivo temporal.

El desglose de los datos muestra que los delitos de abuso sexual se resuelven, en promedio, menos que los delitos de violaciones, aunque unos ni otros alcanzan el diez por ciento de sentencias dictadas respecto a las denuncias presentadas.

Los dos ilícitos se denuncian con una frecuencia similar. Entre 2014 y 2018, las fiscalías reportaron a INEGI un total de 72,744 probables delitos de abuso sexual reportados, a los que se suman 71,842 casos de presunta violación.

Respecto a los abusos sexuales, en el mismo lapso se registraron 12,875 casos procesados ante un juez, que equivalen a sólo 17.69 por ciento de las denuncias, es decir, menos de la quinta parte. Mientras que las sentencias por este delito en ese lapso sumaron 2,576, apenas un 3.54 por ciento en comparación con los casos iniciados.

Año con año, el nivel de esclarecimiento de abusos sexuales en el país ha fluctuado por debajo del cinco por ciento: las sentencias dictadas en 2014 respecto a los nuevos casos denunciados equivalieron al 4.4 por ciento; para 2015 fueron 3.5 por ciento; en 2016 un 3.1 por ciento; en 2017 apenas un 2.4 por ciento y para 2018 un ligero ascenso a 4.2 por ciento.

Respecto al delito de violación, en el referido lapso de cinco años las fiscalías enviaron ante un juez 8,769 casos que derivaron en procesos penales iniciados. Es apenas el 26.1 por ciento respecto al universo total de denuncias, equivalente a poco más de la cuarta parte.

En cuanto a las sentencias por delitos de violación, los datos del censo de INEGI arrojan 4,322 dictadas en el referido lapso, equivalente a sólo el 6 por ciento de todos los casos denunciados en el mismo período. El porcentaje de casos de violación cerrados con sentencia de 2014 a 2018 fluctuó por debajo del ocho por ciento, alcanzando su punto más bajo 2016 con apenas 3.7 por ciento.