Por amor acabó en la cárcel

Una relación amorosa marcada por violencia psicológica, emocional y física fue determinante para que Sanjuana en el 2009 terminara en prisión tras ser juzgada sin perspectiva de género y sus derechos violentados por el sistema de justicia penal, por lo que tras 15 años en la cárcel, solicitó ayuda a la asociación civil Perteneces, quien el pasado jueves presentó al Congreso local una solicitud de indulto para ella que actualmente compurga los cargos imputados por los delitos  de un intento de delito contra la libertad personal, en el penal de El Xolol.

En el 2009, Sanjuana, en ese entonces una estudiante de 21 años, dejó su comunidad de Charco Cercado ubicado en el municipio de Guadalcázar para estudiar en el Tecnológico de Matehuala en busca de mejores oportunidades.

En aquel municipio del Altiplano conoció a José de 35 años, iniciando una relación marcada por violencia psicológica, emocional y física, al terminar la relación, Sanjuana fue amenazada y hostigada por José para que no lo dejara, accionando distintos mecanismos de manipulación y violencia psicológica que ejercía sobre ella. 

Posteriormente, José obligó a Sanjuana a acompañarlo a realizar un cobro, trasladándola contra su voluntad.

Una vez en el lugar para realizar este cobro, fue detenida en Matehuala por la policía junto con José y otros involucrados, acusándola de un intento de delito contra la libertad personal. 

De acuerdo a la investigación antropológica realizada por Perteneces A.C. Sanjuana fue manipulada y sus derechos fueron violados por el sistema de justicia penal, ya que jamás se trató el juicio con perspectiva de género y no respetaron su presunción de inocencia.

Sanjuana proviene de una comunidad criminalizada históricamente, pero, además, con un limitado acceso a los derechos.

José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Fundación Perteneces A.C., estuvo ayer en esta ciudad en donde presentó a los medios de comunicación el caso de Sanjuana y dijo que en caso de aprobarse este indulto por el Congreso local sería un precedente para trabajar en otras situaciones similares.

Dijo que Sanjuana no cometió ningún delito, las pruebas no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad, sin embargo, fue sancionada con base en omisiones, errores procesales, estereotipos y prejuicios de género y, como resultado de ello, ha vivido 15 años en prisión y sentenciada a 30, porque fue criminalizada por el Estado.

"La historia de Sanjuana refleja la realidad que muchas mujeres enfrentan en el país, siendo injustamente privadas de su libertad, viven múltiples formas de violencia que afectan todos los aspectos de sus vidas, restringiendo su ejercicio pleno de los derechos humanos", reveló.

Manifestó que en un inicio Sanjuana fue internada en el penal de Matehuala, posteriormente en La Pila y actualmente en el Xolol.

En prisión la originaria de Charco Cercado, estableció una relación amorosa con otra persona con quien procreó dos hijos que actualmente están bajo el cuidado de los abuelos tanto paternos como maternos.

De la Garza Marroquín manifestó que en el Congreso local es necesario una mayoría simple para que el indulto sea aprobado y confían sea logrado aproximadamente en mayo, pero en caso de no ser podrían recurrir al recurso de la preliberación.

A la par la agrupación Perteneces abrió una petición en la plataforma digital change.org con la finalidad de reunir 10 mil firmas electrónicas que serán entregadas al Congreso local y asimismo ya fueron entregaron de cinco tomos sobre la investigación de la detención de Sanjuana ante la Oficialía de Partes de la legislatura.

Para este caso Perteneces es respaldada por más de una decena de organizaciones civiles tanto estatales como nacionales.

Un caso de indulto que la organización Perteneces logró en el pasado fue el de Esperanza, una trabajadora doméstica que al intentar pagar un cuaderno para las tareas de su hija con un billete de cien pesos, resultó que era falso y terminó internada hasta en la Islas Marías.