"Becaban" a los muertos
Pese a las irregularidades aprobaron que "Jóvenes Construyendo" sea constitucional
Desde su creación, en 2019, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue evidenciado por deficiencias en su diseño, operación, resultados, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, problemas que se mantuvieron a lo largo de todo el sexenio.
A través de seis fiscalizaciones realizadas a las cuentas públicas desde 2019 y hasta 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que, a causa de estas fallas, año con año se hallaron posibles irregularidades, como centros de trabajo inexistentes, duplicidad de apoyos, pagos a personas fallecidas y probables daños al erario por cientos de millones de pesos.
Pese a ello, el miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 473 votos la reforma al artículo 123 de la Carta Magna para hacer constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro.
En los últimos cinco años, la ASF ha determinado probables daños al erario por 178 millones 778 mil 900 pesos por presuntas irregularidades de Jóvenes Construyendo el Futuro; sin embargo, lo que más llama la atención es que año con año el máximo órgano fiscalizador repite las mismas observaciones e insiste en las mismas recomendaciones, sin que el Gobierno Federal modifique la operación del programa.
En total, a lo largo de esta administración la Auditoría Superior ha emitido 71 recomendaciones para mejorar las reglas de operación; además, se han emitido 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 20 Pliegos de Observaciones.
En la auditoría 373-DE, publicada en 2020, se analizó el diseño de Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF). Como parte de las conclusiones, se advirtió que "en el primer año de operación del programa, la dependencia no diseñó los programas para su difusión y supervisión, operó con personal contratado de carácter eventual, durante ocho meses careció de una unidad responsable formalmente establecida para su diseño, operación y seguimiento".
La fiscalización determinó además que en 2019 "se identificó que mil 681 becarios presentaron duplicidades en los registros de beneficiarios de otros programas gubernamentales", y que la STPS "no acreditó los mecanismos para validar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron sus habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas".
También en 2020, la ASF detectó irregularidades por 57 millones 092 mil pesos, tras identificar a 68 beneficiarios que recibieron pagos pero que eran personas fallecidas, así como que decenas de domicilios registrados como centros de trabajo estaban abandonados y 3 mil 188 beneficiarios recibieron el apoyo al mismo tiempo que tenían una beca educativa de la SEP.
