Faltan más de tres mil policías
San Luis Potosí, tiene derecho a saber cuál es el estado real en el que se recibe la Secretaría de Seguridad Pública, las entidades gubernamentales de prevención y las de reinserción social, así como las condiciones del Centro de Ejecución de Medidas para Menores, los recursos de inteligencia, operativos, financieros y fuerza con que cuenta el Estado para enfrentar el más grande desafío que tenemos, el de la tranquilidad, ya que en términos reales a la entidad le hacen falta más de 3,000 policías.
Rubén Guajardo Barrera, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, considera oportuno tomar en cuenta que es prácticamente inexistente las políticas de inseguridad y que la condición de los centros de reclusión es verdaderamente crítica como se ha dado a conocer en las últimas horas y esta situación puede provocar una crisis con consecuencias verdaderamente graves.
“Vamos a tener sana cercanía con la Secretaría de Seguridad Pública, con todas las entidades relacionadas con esta materia que forman parte del Poder Ejecutivo del Estado y con las de los ayuntamientos. Tenemos claridad de que se necesita trabajar fuertemente para mejorar el control y confianza en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, pero para ello, necesitamos perfeccionar las leyes, elevar la calidad con la que formamos a nuestros policías, pero también para fortalecer las capacidades institucionales de corporaciones que hoy se encuentran francamente en condición de abandono y que, si no rescatamos, difícilmente podrán entregar buenos resultados en el corto y largo plazo”.
Criticó que no haya suficientes policías en las calles para atender los eventos criminales, aún y cuando la recomendación es tener 1.8 policías por cada mil habitantes, lo cual significa que a nuestro Estado le hacen falta por lo menos 3 mil 500 elementos.
Adelantó Rubén Guajardo Barrera, que por parte de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, tiene voluntad de trabajar para contribuir con los esfuerzos legislativos que ayuden a inhibir la mala percepción de inseguridad que supera el 80 por ciento.
