Gabino en la impunidad

Promoción con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas en el manejo de programas sociales, son algunos motivos que aparecen en las denuncias contra los llamados superdelegados y en el caso de San Luis Potosí las acusaciones son en contra de Gabino Morales Mendoza, que hasta la fecha no han procedido.

“Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la Secretaría de la Función Pública, presentadas contra ex delegados del Bienestar y delegados. En este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero 8 ya están en proceso de responsabilidades”, dijo la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del Presidente de la República el 23 de enero de 2020.

Meses antes, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2019, señaló: “Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (...) Hasta ahora las entidades federativas en las que han sido denunciados e investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora”.

Sin embargo, la secretaria respondió a este diario que sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas, para después ser archivadas por falta de elementos.

Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.

En el documento en poder de la agencia de noticias El Universal se enlista el número de expedientes, entidad federativa, breve descripción de los hechos, estatus y sanción.

El estado que tiene la mayor cantidad de denuncias ante la SFP es Colima con 16; le sigue Aguascalientes 11; Oaxaca 9; Tamaulipas 7, y Puebla y San Luis Potosí – con Gabino Morales- con 5 cada una.

“Las oficinas de los superdelegados, como cualquier otra oficina gubernamental, son susceptibles de la Ley General de Transparencia. Lamentablemente, al tratarse de figuras que cumplen funciones de representación política más que administrativa, se abusa de su estatus político para no informar de forma regular ni proactiva a la sociedad a la que sirven”, comentó en entrevista Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana.

En noviembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la creación, por unanimidad, de la figura de coordinadores estatales o superdelegados que planteó en ese momento el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los propósitos de estos funcionarios públicos era eliminar “instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”, explicó Olga Sánchez Cordero, en ese entonces Senadora, actual encargada de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante esta administración hay al menos 20 expedientes con denuncias contra estos superdelegados que son señalados por “pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otra”.

Una de las críticas más fuertes que se hicieron por parte de la oposición en la Cámara de Diputados, al momento de la creación de esta figura fue el uso político-electoral que podrían tener esas personas.

En la información que proporcionó la SFP hay al menos 4 denuncias por intervención en procesos electorales, como es el caso del expediente 2020/BIENESTAR/DE667 abierto en Baja California por “promoción de imagen con fines electorales”, indicó.

En este estado, Jaime Bonilla ganó una senaduría en 2018 y semanas más tarde se incorporaría ahí como superdelegado. Meses después dejó el cargo y fue candidato a Gobernador, resultando elegido en 2019. Para 2021 habrá nueva elección al mismo puesto mientras la denuncia de antes mencionada, que fue abierta en 2020, sigue en trámite.

Otros de los motivos por los que se abrieron expedientes contra los superdelegados son: intervenir en asuntos que no corresponden a sus funciones, despido injustificado, falta de atención a la ciudadanía, contratación de familiares, participación en actos de partidos políticos, conflictos de interés y hostigamiento laboral, así como omitir información en su declaraciones patrimoniales, entre otros.

Al analizar los expedientes, se detectó que en 31 estados tienen por lo menos un señalamiento en una denuncia. Querétaro es el único sin ningún registro. 

Los superdelegados, como se les conoce a los delegados de Desarrollo de Programas, tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la revisión de los programas que ejercen algún beneficio directo de la población, de acuerdo con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.