Investigan a jueces
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió indagatorias contra dos jueces que emitieron suspensiones para frenar el proceso de implementación de la reforma judicial.
Las carpetas de investigación iniciadas por delitos contra administración de justicia se dan luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordara por mayoría dar vista al Ministerio Público contra dos jueces, por las suspensiones emitidas en contra de la continuación del proceso electoral para las elecciones judiciales.
Así lo denunciaron en conferencia de prensa el juez Primero de Distrito en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú; y la jueza sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, María Gabriela Ruíz Márquez.
Ambos expusieron que fueron notificados por la FGR sobre el inicio de investigaciones en su contra y les requirieron información para integrar los expedientes al respecto.
"El día de ayer tuve conocimiento de que se materializó (la denuncia presentada por el TEPJF) en virtud de que recibí un oficio de la Fiscalía General de la República a través de una agencia de ministerio público con sede en la Ciudad de México en la que se me requiere información de este juicio de amparo, concretamente copias certificadas tanto del cuaderno principal del amparo como del incidental. Entonces pues vemos que esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral finalmente está siendo materializada a través de este requerimiento que indica y se precisa ya la existencia de una carpeta de investigación", declaró el juez Santamaría Chamú.
Este juez emitió el pasado 7 de enero una resolución en la que ordenaba a los tres Comités de Evaluación frenar el proceso de evaluación de aspirantes a juzgadores, situación que fue acatada únicamente por el Comité Judicial y que provocó que el TEPJF emitiera una sentencia en la que revocaba dicha suspensión y ordenaba reanudar el proceso electoral.
La jueza María Gabriela Ruíz Márquez también fue notificada por el ministerio público federal:
"Sé que seré imputada por la condición de un delito contra la administración de justicia que prevé 37 conductas y no sé en cuáles se pretende encuadrar (...) Igualmente me piden documentación similar a lo que refiere el juez en ese asunto y considero que este tipo de actos son tendentes a amedrentarnos, a influir en mi psique de cómo resolver para intimidarnos", expresó la jueza de Jalisco.
Según la impartidora de justicia, también tiene conocimiento extraoficial de que el Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento disciplinario en su contra por la emisión de suspensiones definitivas contra todo el proceso legislativo de aprobación de la reforma judicial:
"El Consejo de la Judicatura, con una votación de los señores consejeros que al menos a través de los medios de comunicación se han distinguido como afines al oficialismo, votaron a favor de que se me aperturara de oficio ese procedimiento disciplinario", explicó.
"Este es un claro mensaje intimidatorio para todas las personas juzgadoras en este país. En tiempos sin precedentes estamos viendo estos embates del poder político que lo único que hacen es mermar por completo esa independencia que dicen privilegiar, esa autonomía que dicen tratar de evidenciar. Esto desde luego no tiene un trasfondo democrático. Ahí se ve claramente la intención del poder político de controlar absolutamente todas las decisiones jurisdiccionales que se emitan en este país. Si así empieza esto, imaginemos más adelante cómo va a continuar todas aquellas decisiones contrarias al oficialismo", dijo durante su participación la magistrada Julia María del Carmen González.
Ante la situación, en nombre de 17 jueces diferentes y del mismo juez Santamaría Chamú, el abogado internacionalista Zamir Fajardo Morales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para frenar los embates contra los juzgadores que, acusa, atentan contra la independencia judicial.
