MODERNIZAN LA DEMOCRACIA
El Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja en una estrategia de largo plazo para implementar el voto electrónico en México, con un horizonte de desarrollo de 11 años que concluiría en 2036. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de análisis de viabilidad y planeación, y propone crear una plataforma tecnológica que cumpla con los principios rectores del organismo: certeza, legalidad e imparcialidad, además de garantizar seguridad, usabilidad y confianza ciudadana.
El plan contempla un desarrollo gradual con metas de corto, mediano y largo plazo, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Sin embargo, el calendario podría acelerarse si en la próxima reforma electoral el Congreso ordena la implementación del voto electrónico en todo el país.
Actualmente, la Constitución no contempla esta modalidad, por lo que el INE sólo puede realizar programas piloto. Estos proyectos iniciales se enfocan en dos vertientes: ampliar el voto por Internet de los mexicanos residentes en el extranjero y habilitar el uso de urnas electrónicas para programas de voto anticipado, especialmente para personas con discapacidad o movilidad reducida. Se evaluarán distintos escenarios, incluyendo voto presencial con urnas electrónicas, voto a distancia a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet (Sivei) y esquemas híbridos que combinen ambas modalidades.
El estudio incluye aspectos técnicos, normativos, sociales, culturales y económicos, así como mejores prácticas internacionales. También se definirán modelos operativos, medidas de seguridad, mecanismos de monitoreo y planes de soporte.
Los beneficios esperados incluyen reducción de costos por casillas y materiales, mayor agilidad en el conteo de votos y disminución de errores humanos. Para los votantes, la modernización permitiría eliminar barreras geográficas, ampliar periodos de votación, reducir tiempos de espera y traslados, y generar un impacto ambiental positivo al disminuir el uso de papel.
El INE prevé que, para 2036, se cuente con una evaluación integral que permita decidir la implementación definitiva del voto electrónico o rediseñar la ruta. Sin embargo, su futuro dependerá de decisiones políticas y reformas constitucionales, lo que convierte al proyecto en un debate no solo técnico, sino también político sobre la modernización y accesibilidad del sistema democrático mexicano.
