Mataperros anda suelto
La violencia contra los animales volvió a encender la indignación ciudadana este fin de semana en la colonia Altavista, donde un sujeto, aparentemente bajo los efectos de alguna droga, atacó a varios cachorros que se refugiaban bajo un contenedor, provocando la muerte de uno de ellos.
Integrantes de la agrupación protectora "Por mis Bigotes" lograron rescatar a dos de los perritos que sobrevivieron al ataque. Héctor Giovanny Campos Estrada, Presidente de la asociación, relató que vecinos alertaron sobre la presencia de los animales maltratados y que en un descuido del agresor pudieron sacarlos con vida, aunque lamentablemente uno ya había muerto a causa de los golpes.
El hecho fue denunciado públicamente y trascendió que la Fiscalía General del Estado abriría una carpeta de investigación contra quien resulte responsable. Sin embargo, activistas temen que el caso siga la misma ruta de lentitud que han enfrentado otras denuncias, donde la justicia para los animales tarda años en resolverse.
Un ejemplo de esa demora lo expuso recientemente la defensora de animales Linda Parra Espinosa, quien a través de sus redes sociales acusó la incompetencia de las autoridades tras casi año y medio de haber interpuesto una denuncia por maltrato. Señaló que en cuatro ocasiones ha tenido que acudir a la audiencia de imputación sin que el proceso avance, pues el defensor de oficio asignado ni siquiera ha leído el expediente y actualmente se encuentra de vacaciones, al igual que la defensora en turno.
La situación se ha vuelto más preocupante porque, de acuerdo con Parra, tanto ella como testigos del caso han recibido amenazas directas del imputado. Además, acusó que la falta de sanciones le ha permitido continuar con un patrón de conducta agresiva contra los animales que mantiene en su domicilio. "Cada animal en su poder está en la fila de muerte", advirtió.
Casos como el de Altavista y el denunciado por Parra ponen de manifiesto la fragilidad del sistema de protección animal en San Luis Potosí, donde, pese a que existen leyes que sancionan el maltrato, los procesos legales se empantanan en trámites burocráticos y la negligencia de las autoridades deja en la indefensión a las víctimas.
